Resumen: Formulada demanda de ejecución de título no judicial por el CCS fundada en titulo ejecutivo consistente en certificación del importe de la indemnización abonada al perjudicado en accidente de tráfico, responsabilidad del conductor del vehículo del ejecutado que circulaba sin seguro obligatorio, frente a la que se dedujo oposición, que fue impugnada, el auto de primera instancia desestimó la oposición. El auto de segundo grado, que confirma el recurrido, señala que la disparidad entre los argumentos esgrimido en el recurso y en la oposición a la ejecución bastarían para rechazar el recurso, añade que la infracción de normas y garantías procesales resulta irrelevante al no haber solicitado el apelante la nulidad de la resolución recurrida y a más, que no ha habido infracción pues para el ejercicio de la facultad de repetición por el CCS es titulo ejecutivo la certificación presentada por el CCS del importe de la indemnización abonada, requerido de pago el responsable sin que lo haya hecho en el plazo de 1 mes; que las normas de aplicación no imponen la audiencia al perjudicado para la expedición del certificado; que el certificado no debe justificar el criterio en la cantidad pagada sino el importe del desembolso; que la validez del titulo no requiere sentencia condenatoria y que en tramite de oposición a la ejecución el ejecutado pudo alegar carencia de responsabilidad en el accidente, pluspetición o exceso de la indemnización, lo que no hizó el ejecutado.
Resumen: El Juzgado de instancia acoge la excepción de prescripción de la acción y desestima la demanda de un trabajador frente al Ayuntamiento de Cáceres, en reclamación de cantidad. La Sala analiza el recurso de suplicación del trabajador demandante, abordándose dos cuestiones: de un lado, la presentación extemporánea o no de la suplicación; de otro lado, la prescripción de la acción. La Sala razona: a) sobre la primera cuestión, que el recurso está interpuesto en plazo, dado que el RD 537/2020 prevé que el decaimiento del estado de alarma se produciría el día 7 de junio y que el art. 2.2 del Real Decreto-Ley 16/2020 duplica el plazo para la formalización del recurso de suplicación cuando la resolución se ha dictado en el plazo de los 20 días hábiles para la formalización del mismo; b) sobre la prescripción de la acción, que la misma no está prescrita, pues el requisito preprocesal del agotamiento de la vía administrativa previa a la judicial es exigible en relación con los litigios en materia de Derecho Administrativo del Trabajo, en los que la Administración interviene como poder público, ejercitando potestades en materia laboral que tiene atribuidas, pero no cuando actúa en su condición de empleadora, como es el caso, así como que el que el acto de conciliación no sea necesario no impide tenerlo como una reclamación extrajudicial especialmente cuando ha acudido al mismo el supuesto deudor, sin plantearse dudas sobre la deuda y la cantidad reclamada. Se estima en parte el recurso.
